Washington, 23 de junio.- Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) latinoamericanas acudieron esta mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en esta capital, para acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad. Dichas ONGs están adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica.

El pasado mes de marzo, activistas de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, realizaron un informe exhaustivo sobre los hechos de violencia suscitados en septiembre de 2008 en la provincia de Pando, y concluyeron que las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno boliviano, entre ellos el Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; con pleno conocimiento del presidente Evo Morales.

UnoAmérica publicó ayer en su página electrónica un resumen de la acusación, donde afirma que: "Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales".

En ese entonces, el gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien todavía permanece encarcelado injustamente hasta la fecha.

UnoAmérica asegura que “planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición -para así criminalizarla y perseguirla- se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre”, dice el Informe.

La acusación fue introducida en la sede de la CIDH por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa; en representación de las ONGs que elaboraron el Informe.

El documento fue redactado por el Dr. Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por: La Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), la Dra. Graca Salguero (Brasil), la Dra. María Fernanda Cabal (Colombia), el Dr. Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y el Sr. Josué Meneses (Perú).