Sabado, 22 de Julio de 2017
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El danzón de la sala de casación
Por Eduardo Mackenzie
Eduardo Mackenzie
OPINION ¿Estamos ante un acto más de contaminación dentro de la CSJ de Colombia del aberrante derecho público venezolano que el chavismo inventó hace 10 años para eliminar la separación de poderes y montar una dictadura y burlarse de las instituciones?
Martes, 25 de Octubre de 2016

 La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia envió ayer una carta pública al presidente Juan Manuel Santos en la que le da a conocer sus “convicciones” sobre la llamada “jurisdicción especial para la paz” (1). Dicen los nueve magistrados de esa sala que ellos han llegado a tales “convicciones” después de haber realizado un “examen apacible” de ese asunto. En ningún momento ellos advierten, ni asumen, que esa “jurisdicción especial para la paz” hacía parte del acuerdo cubano entre Santos y las Farc que los colombianos rechazaron en bloque mediante el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

La sala hace pues como si esa “jurisdicción especial” hiciera parte ya de la Constitución colombiana. ¡Qué extraño mensaje le están enviando esos magistrados a Colombia!
Sobre esa base surrealista y ficcional, le dicen al jefe de Estado que ellos “respaldan” la “jurisdicción especial para la paz” (JEP). Es muy anómalo que la sala penal de la CSJ se pronuncie a favor y “respalde” una jurisdicción que no existe ni jamás ha tenido vigencia en Colombia, y que fue uno de los motivos mayores del repudio de los colombianos a ese falso acuerdo de paz (ver el documento carta-sala-penal-jurisdiccion-especial-para-la-paz )
¿Estamos ante un acto más de contaminación dentro de la CSJ de Colombia del aberrante derecho público venezolano que el chavismo inventó hace 10 años para eliminar la separación de poderes, montar una dictadura y burlarse de las instituciones y garantías democráticas que el país hermano había construido a lo largo de su historia?
El respaldo de la sala de casación penal a la “jurisdicción especial para la paz” no tiene el menor valor jurídico ni judicial. Esa carta no es una providencia, ni una sentencia, de la sala de casación penal. En realidad, ese texto no es más que la expresión de una opinión, de una creencia abstracta, de nueve ciudadanos sobre la inexistente “jurisdicción especial para la paz”.
Como todos los organismos de la rama judicial, la sala de casación penal de la CSJ decide únicamente respecto de los litigios o asuntos de su competencia, es decir se pronuncia en un marco delimitado por la ley y los reglamentos. El artículo 15 del Acuerdo N. 006 del 12 de diciembre de 2002, del reglamento general de la Corte Suprema de Justicia (2), enumera con precisión lo que pueden y deben hacer los magistrados de las salas de casación. Cualquier otro pronunciamiento es anómalo y carece de valor jurídico. La sala de casación no está hecha para pronunciarse sobre lo divino y lo humano, sobre puntos, sean o no de derecho, que debaten en un momento los partidos, la opinión pública y la prensa.

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que respaldan la Justicia transicional de las FARC

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que respaldan la Justicia transicional de las FARC
Lo que acaba de hacer esa sala es eso: decir que le encuentran muchos méritos, a esa monstruosa “jurisdicción especial” que habría podido demoler todos los procesos penales del país si Colombia hubiera votado a favor del acuerdo cubano el 2 de octubre pasado. Pero no. Colombia votó NO y echó por tierra ese instrumento de venganza que habían inventado las Farc y sus comparsas en Cuba para meter a todos sus enemigos en la cárcel.
El hecho de haber enviado esa carta al jefe de Estado utilizando la papelería de la CSJ, para darle probablemente la apariencia de un pronunciamiento con valor oficial, agrava el problema.
Ese pronunciamiento o ese “respaldo” de la sala de casación penal no revive en modo alguno la JEP. Tampoco pone de nuevo sobre el tapete el acuerdo cubano rechazado por los colombianos. No le da valor alguno al horrible acuerdo de 297 páginas.
La carta es, más bien, una prueba más de la sumisión de la sala de casación penal a los dictados del asesor español de las Farc, Enrique Santiago, el mismo que hace unos días calumnió al Ejército de Colombia al decir, sin presentar la menor prueba, que éste está urdiendo un golpe de Estado contra Santos. Dos días antes de la carta de los magistrados a Santos, Santiago decía a Página 12, una publicación izquierdista de Buenos Aires, que la “jurisdicción especial para la paz” es una maravilla que debe ser atornillada como sea al sistema judicial colombiano. El hombre estima, en efecto, que el acuerdo cubano no está basado en la impunidad sino que, por el contrario, las víctimas de los jefes de las Farc quedarán muy satisfechas al saber que sembrar magnolias en un campo florido equivale a una “sanción restaurativa”, y que “las penas genuinas” no son únicamente la cárcel.
El asesor español está convencido de haber inventado en la mesa de La Habana un mecanismo de aplicación universal para la solución de los conflictos: dejar sin sanción penal y retribuir con privilegios políticos enormes a los criminales de masa, si éstos son marxistas. Realmente se trata de una gran contribución a la paz mundial. ¿Deben darle un premio Nobel al ingenioso abogado español? Desde luego.
Por lo pronto, el Nobel de la paz colombiano, JM Santos, corrió a agradecer el “respaldo” de la sala de casación penal y lanzó: “Esto tiene un significado invaluable pues será la justicia la que garantizará la consecución de esa paz estable y duradera a la que le apostamos con todo el empeño”. Error. No será la justicia sino el pueblo colombiano, el constituyente primario, quien decidirá qué texto es el que realmente puede llevar el país a una “paz estable y duradera”.
A pesar de no haber podido deslegitimar el triunfo del NO en el plebiscito, Santos sigue tratando de confundir a la opinión mediante el recurso de decir una cosa y su contrario. Ayer dijo que él ha “reconocido el triunfo del NO en las urnas”, pero, agregó que, al mismo tiempo, él está trabajando “sin descanso” para que el horrible acuerdo cubano “adquiera la legitimidad jurídica y política necesaria para poder ser implementado”.
Santos invoca, finalmente, un supuesto “reclamo colectivo” de los colombianos “de alcanzar el mejor acuerdo posible y ponerlo en marcha sin dilaciones”. Ello también es falso. Solo grupos absolutamente minoritarios han pedido un nuevo acuerdo “sin dilaciones”. Lo que los colombianos votaron fue otra cosa: la abrogación del pacto cubano y la apertura de una nueva negociación sin apresuramientos y con los líderes y partidos que triunfaron en el plebiscito. El nuevo danzón de la sala de casación penal será insuficiente para resucitar el grotesco acuerdo de La Habana.
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